24 de junio 2021
Recientemente la UIF ha hecho pública la posición de su Directora de Supervisión, Dra. María Eugenia Marano, en relación con las figuras societarias establecidas a través de la sanción de la Ley N° 27.349, más conocidas por sus siglas SAS, es decir, las Sociedades de Acciones Simplificadas.
Según el propio articulado de la ley señalada, la misma tuvo “por objeto apoyar la actividad emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la generación de capital emprendedor en la República Argentina. En particular, se promoverá el desarrollo de capital emprendedor considerando la presencia geográfica de la actividad emprendedora en todas las provincias del país, de modo de fomentar el desarrollo local de las distintas actividades productivas.”-art.1°-.
Atento a dicho objetivo, dicha ley previó a las SAS como un vehículo jurídico desligado de las previsiones formales previstas en la Ley General de Sociedades, con la intención de generar un incentivo al capital emprendedor a efectos que se canalice a través de esta nueva figura jurídica.
Dicha flexibilización, en lo que aquí interesa, no sería compatible para la Directora de Supervisión de los distintos Sujetos Obligados (SOI) en los términos de la Ley N° 25.246, con el sistema de prevención de los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ideado por dicha norma.
Conforme explica la Dra. Marano “La ecuación es sencilla, los grupos criminales requieren de mecanismos para poder “lavar” los fondos ilícitos que adquieren del delito y poder reingresarlos a la economía formal. Una manera de lograrlo es a través del uso de personas jurídicas, y cuanto más liviana sea la regulación, menor el control de legalidad del Estado, más preciado será su valor en el mercado delictivo.”
Contenido exclusivo para usuarios con Plan Experto. Para seguir leyendo iniciá sesión.
¿Aún no sos parte? Suscribite gratis o actualizá tu plan para acceder a todo el contenido.
