29 de octubre 2021
En el marco del ciclo de conferencias “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”, que auspicia Infobae, y que organiza el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires conjuntamente con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), Infobae consultó la opinión de Juan Félix Marteau, abogado y doctor en sociología con respecto al conflicto Mapuche en la Patagonia, y la posibilidad de aplicar la legislación antiterrorista vigente en Argentina.
Opinión sobre las recientes movimientos de la comunidad mapuche Fuente: BBC
“Los que adhieren a posiciones político-criminales progresistas emparentan delito y conflicto para desmantelar las chances de una intervención punitiva exitosa sobre los transgresores a la ley penal. Pero el delito no es una disputa intersubjetiva, sino esencialmente un ataque personal al orden institucional que permite el desarrollo de voluntades libres”, explicó Marteau cuando se le preguntó si el llamado “conflicto Mapuche” podría ser considerado terrorismo. Para el abogado, no importa la autopercepción como etnia sino que se está cometiendo un delito.
Sin embargo, en la constitución argentina no se tipifican los actos terroristas. “Técnicamente no es posible hablar de un delito de terrorismo, sino de delitos cometidos con una ‘finalidad'”, aclaró. Según Marteau, los jueces pueden usar varios elementos objetivos para sortear esta imposibilidad y juzgar las acciones de los Mapuches bajo la agravante que sí permite el código penal. Así, “resulta posibl avanzar en la criminalización, además, de todos aquellos que le dan soporte financiero (financiación del terrorismo) a estos agrupamientos y congelarle los bienes”, puntualizó.
“La calificación de terrorista de un agente en el marco de un expediente penal obliga necesariamente a un cambio de temperamento de todos los organismos del Estado que quedan obligados a realizar una declaración de hostilidad significativa a los actores terroristas”, mencionó Marteau. El Estado, según el abogado, debe dejar en claro que el único comportamiento legítimo es el que ordena la ley.
Sobre las posibles soluciones, Marteau destacó la posición que tomaron los gobernadores y funcionarios provinciales. “Es clave que estas administraciones protejan a los jueces, fiscales y policías para lograr así la rápida restitución del orden básico”, resaltó. Además, también es importante la opinión pública y cómo perciben este problema. “En un plano más estratégico, los instrumentos legales de contra-financiación del terrorismo pueden descubrir y desmantelar a los que sostienen económicamente a estos grupos violentos, y en este punto podría haber varias sorpresas”, finalizó.
Fuente: Infobae
