28 de diciembre 2021
La Universidad de Buenos Aires convocó especialistas de diversas áreas para analizar la situación de Santa Fe. Además, elaboraron un documento con 10 propuestas.
“El diagnóstico expone una situación crítica en la provincia de Santa Fe de larga data. Se constatan prácticas mafiosas que, amalgamando el narcotráfico con otras acciones del crimen organizado, como el juego clandestino, la extorsión, el sicariato, la corrupción y otros delitos graves, han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales. A efectos de garantizar, no solo los beneficios económicos de sus negocios ilícitos, sino también, la protección, estabilidad e impunidad de los beneficiarios últimos”.
Así concluye uno de los 10 puntos del documento de propuestas para mejorar la situación de Santa Fe. Fue elaborado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires. Además, participaron expertos en seguridad el pasado 15 de diciembre.
En su mayoría, los expertos eran ex funcionarios y fiscales federales y provinciales. El director del centro de estudios de la UBA es Juan Félix Marteu, especialista en la prevención del lavado de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo.
El objetivo principal, según lo expresa el documento, es “lograr consensos fundamentales sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas eficaces”. Lo importante es impedir la consolidación de redes delictivas en ciudades estratégicas del país. Según los expertos, la situación del narcotráfico en Santa Fe alcanzó un nivel de gravedad alarmante que podría tener un “efecto derrame”.
Juan Félix Marteau, director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH)
El crimen organizado en Rosario
El documento especifica que el Estado debe implementar una política consistente. El apoyo de todos los sectores políticos es fundamental para erradicar el crimen organizado y fortalecer el sistema de seguridad y la justicia penal.
El encuentro se realizó de manera virtual y comenzó una explicación de la evolución del crimen organizado en Rosario durante los últimos años. Además, se hizo hincapié en el aumento de los homicidios: en 2021 la cifra subió a 239, la más alta desde 2015.
Entre las causas que se analizaron para explicar la expansión del crimen organizado en Rosario se destacaron las falencias institucionales. “La complejidad del fenómeno se explica por la conjunción de variables tales como debilidades institucionales del Estado en todo sus niveles y poderes, carencias del proceso de democratización en estas últimas décadas, incidencias de una corrupción transversal a la sociedad y a los partidos políticos en todos sus estamentos”.
Otras de las causas que destacaron tiene que ver con los “pobres niveles de profesionalización de las fuerzas de seguridad localización geográfica estratégica vinculada al comercio terrestre y fluvial, la degradación sistémica de la calidad de vida en las periferias urbanas y, más recientemente, los efectos que la pandemia del Covid-19 ha producido sobre los mercados ilícitos”.
Las vías de acción
Los especialistas alertaron que el encarcelamiento de los jefes de las organizaciones criminales no disminuye los índices de violencia en la provincia. Por eso, destacaron que lo más esencial y urgente tiene que ver con la implementación del sistema acusatorio, la reestructuración legal y orgánica de la Policía de Santa Fe y la reorganización del sistema de inteligencia criminal.
Por otro lado, se destacó el trabajo coordinado entre la Procunar, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Además, el accionar de jueces y fiscales que cumplieron con su deber a pesar de las presiones “constituye un modelo probadamente efectivo a seguir y fortalecer”.
Además, señalaron que lo fundamental para debilitar al crimen organizado es la investigación financiera y patrimonial. Esto se tiene que hacer de manera complementaria a la investigación sobre el delito pero resulta importante para debilitar la economía ilícita del narcotráfico. De esta forma, se resguarda la integridad del sistema financiero formal. También, señalaron que hay que tener en cuenta “el uso distorsivo de las finanzas digitales y las nuevas tecnologías por parte de estos grupos criminales”.
